Rojas exige la redacción del Protocolo de Prevención de Desahucios “aprobado de nuevo en el pleno”

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Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha exigido al PSOE la redacción del Protocolo Municipal de Prevención de Desahucios aprobado de nuevo el pasado jueves para atender esos casos que no pueden acogerse al decreto estatal que paraliza los desalojos y desahucios, especialmente en los casos en los que hay menores de edad, y ha lamentado –“aunque no nos sorprende”- que el gobierno local vuelva a no apoyar claramente las políticas sociales para favorecer el acceso a una vivienda digna con su abstención.




Rojas ha recriminado al gobierno local que, desde que se aprobó la elaboración de este protocolo, han seguido produciéndose desalojos y desahucios en San Fernando sin que se tomen medidas para garantizar al menos una alternativa habitacional o se busque la intervención de los agentes políticos y sociales para mediar en los casos. La portavoz también ha pedido a la delegada de Vivienda, Claudia Márquez, que concrete cuáles son los proyectos a los que hizo referencia en el pleno y que presentaría el gobierno a la Junta de Andalucía porque no aclaró nada, y ha criticado el portazo definitivo a las ayudas al alquiler anunciadas en 2020 al anunciar que las “primeras” subvenciones municipales para ayudar al alquiler se concederán en 2021 y que, como ya denunció Podemos, tiene numerosas irregularidades en su convocatoria.

La portavoz ha señalado además que desde la formación no se entiende que el equipo de gobierno “se ponga de perfil” ante esta moción en vez de apostar públicamente por la vivienda en La Isla, una de las mayores preocupaciones de la población isleña junto al desempleo.

Podemos presentó la moción promovida por una iniciativa ciudadana para pedir que en la próxima Ley de Derecho a la Vivienda se incluyeran medidas para facilitar el acceso a la vivienda, un derecho que ha sido vulnerado durante los últimos 40 años. La moción señalaba la necesidad de tomar medidas estatales para proteger este derecho: regular el precio de los alquileres –que ahora el gobierno de coalición quiere volver a negociar tras negarse el PSOE al considerar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho-, aumentar el parque público de vivienda o prohibir los desahucios en los que no haya alternativa habitacional.

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