«Aún sigue vigente la RPT que firmó Antonio Moreno Olmedo el 20 de mayo de 1999«, esta afirmación de la Plataforma 3R es la que les lleva a advertir que «22 millones de euros de dinero público, es decir, el 31% de los recursos públicos de esta ciudad, no pueden seguir un año más en esta grave situación. Esta anomalía institucional, no puede ignorarse, por los interlocutores sociales«.
Desde la formación política se preguntan por qué este asunto «ha sido ignorado» por los «casi 5 mandatos corporativos«, y consideran que se trata de un tema de suma importancia y gravedad en el que «todo el mundo se ha puesto de perfil y donde la rumorología, e incluso denuncias públicas, hablan del uso de las productividades«.
Por ello, 3R le pide a los sindicatos municipales, a los interlocutores sociales del Ayuntamiento de San Fernando, no continuar un año más «en esta anomalía institucional, en esta disfunción política, en este descontrol público que supone tener una RPT, con un coste anual de 22 millones de euros, fuera de todo control«. Se trata, pues, de indicar «a los sindicatos municipales que es el momento de ponerse al lado de la ciudadanía, para reivindicar la actualización de la RPT para que sea estudiada, auditada y ver caso a caso, de forma desagregada, los componentes salariales de cada empleado público, de cada funcionario público, ver el cuánto, a quién, con autorización de quién, en base a qué, el porqué, el cómo y lo que haga falta para esclarecer el misterio de tener una RPT del siglo pasado«.
El objetivo de esta reivindicación, es «conseguir en lo que queda de año una nueva RPT-2020 acorde al marco normativo, libre de todas sospechas y que sea expuesta al control público e institucional«.