La Plataforma 3R pide que el centro histórico de La Isla sea declarado «exento de efectos caninos»

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3R le pide al equipo de gobierno que «dada la caracterización como Bien de Interés Cultural de nuestro Centro Histórico, que dicho espacio sea declarado exento de micciones y defecaciones caninas, dado los efectos químicos de éstas sobre farolas, sobre papeleras y sobre todo elemento del mobiliario urbano«.

La formación pide que se articule una «fórmula jurídica exprés para proteger nuestro legado cultural, histórico y patrimonial«.

Retirar la placa de Griñán de la Calle Real

3R también considera necesario que «la placa que se encuentra embutida en el suelo de Calle Real, con referencia nominal del señor Griñán, debe ser retirada en consonancia con la sumisión del ordenamiento jurídico que dicho señor parece haber ignorado y de qué forma, con un daño incuestionable«.

Descontrol en las cuentas públicas

El Ayuntamiento de San Fernando, según 3R, «podría estar entrando en una senda de descontrol en las cuentas públicas que las administraciones tutelantes no están dispuestas a tolerar. Muestra de ello es la segunda retención de las PIE del Estado. Pedimos encarecidamente a la Alcaldesa de la ciudad que explique qué esta pasando en las cuentas públicas«.

Según esta Plataforma, La Isla «aparece con omisión de información ante el Tribunal y la Cámara de Cuentas porque se ha expuesto por segundo mes consecutivo a no facilitar información al Estado de ESISA, causa de que hoy se le esté aplicando por segunda vez la retención de los Tributos del Estado, por aplicación del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible referido a ESISA«.

«Queremos conocer qué ocurre con ESISA, porque aún estamos esperando que el Consejo de Transparencia se pronuncie igualmente, pues la Alcaldesa no quiere hacer pública la auditoría. Esto es un tema muy serio y y de suma gravedad«, sentencia 3R.

Plataforma Sentencia del Tranvía

Plataforma Sentencia Tranvia, afín a 3R, ha presentado ha ampliado su denuncia «por la aparición de hechos nuevos, como lo ocurrido el pasado martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde se validaba el uso y destino para con el Tren Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cadiz, y de contratos públicos agregados por un valor superior a los 12 millones de euros. Esto nos llevaría a que el Consejo de Gobierno, como órgano colegiado entraría a participar de lleno,dado que se estaría destinando dicha cantidad a una obra manifiestamente ilegal, como así la denomina el TSJA a esta obra pública«.




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