La Isla, entre las ciudades «más pobres en cuanto a asistencia social»

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Ana Rojas, concejala de Podemos, ha calificado como “lamentable” que La Isla esté entre los 38 ayuntamientos más “pobres” en el ranking elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en datos de inversión en asistencia social durante el año 2018 y que se ha publicado hoy en base a los datos que aporta el propio Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda.

Hay tres categorías diferentes: excelente, precario y pobre, que es a la que pertenece La Isla, con una inversión de 40,11 euros por habitante al año”. En una ciudad con 10.751 personas desempleadas –casi el 27%-, donde hay trabajo inestable y precario y sigue habiendo desahucios, “no es concebible que el Ayuntamiento deje de lado la asistencia social”. Una inversión austera que además se agrava con la falta de información para acceder a ciertas ayudas “porque hay personas que no saben a qué tipo de asistencia pueden optar y luego las trabas burocráticas que hay convierte el proceso en una carrera de obstáculos”.

En este sentido, remarcó que nada se sabe de la moción aprobada para hacer campañas de información más efectivas, “aunque las ayudas sean tan escasas que tienen que ponerle la cara colorada al PSOE en este tipo de estudios”.

Desde Podemos insistimos en la necesidad de abordar profundamente un tema tan importante como el de los servicios sociales y trabajar para que las ayudas de emergencia sean efectivas y más accesibles”, recalca Rojas, que señala que en este mismo informe la asociación pone a Cádiz como ejemplo de ‘excelencia’ con un gasto social de 140’56 euros, cien euros más por persona. “Tal vez el PSOE debería mirar más hacia las políticas de izquierdas en vez de cerrarse a la derecha con sus socios de gobierno”, señala la concejala.

Un pacto “que ha dejado en el tintero algunos acuerdos de investidura en materia social, como es la construcción de un centro de baja exigencia para personas sin hogar. Una inversión en asistencia social que no debería limitarse a 40 euros al año cuando hay millones de euros de remanente de presupuestos precisamente por no apostar, entre otras cosas, por unos servicios sociales de calidad para la ciudadanía que más los necesita”.




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