3R denuncia que la Alcaldesa que sus decisiones «en el marco de las ITI de Barriada Bazán» podrían «poner en juego estas subvenciones porque ESISA no es medio propio del Ayuntamiento, y por lo tanto no tendría capacidad legal de ejecutar encomiendas de gestión, llevando sus actuaciones a la nulidad«.
Desde la formación se insiste que la Junta de Andalucía «podría anular este procedimiento, sin contar que se debe de acreditar un perfecto estado de revista en salud económica-financiera, que va ser que no». 3’2 millones de €uros de Tributos del Estado están retenidos porque la Alcaldesa no da explicaciones sobre ESISA, una reminiscencia del andalucismo que nada produce«.
Por ello la Plataforma se pregunta: «¿existe un pacto de no agresión con el extinto andalucismo? ¿por las convivencias de gobierno en el mandato anterior?«.
«¿Qué va a hacer la Alcaldesa para sacar a La Isla de la debacle económica?»
Para 3R «la ciudad sigue sin ver un solo metro cuadrado de suelo urbanístico finalista: ahí está el PERI de FSC, ahí está Punta Cantera, ahí está el Plan Parcial Huerta compañía,… seguimos sin
PEPRICH, se nos va a ir de la ciudad hasta los kioscos de la ONCE, sin un solo metro de suelo industrial en Fabricas II consolidado, sin un mero ejercicio de poner en valor equipamientos públicos, etcétera…«.
3R «le pide encarecidamente a la Alcaldesa de la ciudad y al equipo de gobierno que nos digan a los isleños, a los ciudadanos, a los contribuyentes qué medidas va adoptar para sacar a La Isla de semejante debacle económica en la que se encuentra inmersa. Le pedimos que nombre un Comisionado Municipal de Crecimiento Económico que coordine las actuaciones sectoriales e implementen medidas de calado para salir de esta situación».
«¿Cuál es la situación del desfalco?
La Plataforma 3R quiere saber, además, «cuál es la situación del desfalco de la caja municipal, que supuso un quebranto de las arcas públicas municipales de 7’8 millones de euros y que una década después de producirse, aún continúa en fase de instrucción. Los ciudadanos quieren conocer la verdad judicial de este asunto, pues el gobierno local no parece tener interés. La última referencia pública conocida
de la Alcaldesa es de enero de 2017, cuando presentó una queja ante el Presidente del TSJA por los retrasos acumulados por la investigación. Queja que, todo sea dicho, fue del todo inocua en términos de eficacia y eficiencia».