En el mes de julio la Plataforma 3R le pidió a la Alcaldesa «que pusiera los servicios jurídicos municipales a disposición de los isleños para que un juez determinará la nulidad de la tasa consorcial, creada sin base estatutaria por Loaiza«.
El Interventor del Ayuntamiento «se ha encargado de recordar lo evidente, que la Alcaldesa no tiene capacidad jurídica, para anular sus efectos«. Por este motivo 3R le transmite a Patricia Cavada «que su habitual altanería política le ha cobrado factura, ni usted ni el órgano colegiado que dirige tiene capacidad jurídica alguna para estimar nulidades de nada«.
El “engendro jurídico creado por Loaiza en 2014, la denominada tasa consorcial, no tiene base estatutaria alguna en cuanto a capacidad recaudatoria, que se suma al impuestazo del IBI aprobado provisionalmente, lleva a este Gobierno a un callejón sin salida, con un batiburrillo de promesas que no podrá cumplir y que situará a la ciudad en un auténtico infierno fiscal”, aseguran desde 3R.