Ignacio Bermejo se somete a su primer reto: la gestión del servicio de abastecimiento de agua

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla ha solicitado formalmente una reunión con la Alcaldesa Patricia Cavada y con el nuevo Delegado de Desarrollo Sostenible, Ignacio Bermejo.

En agosto se cumplen los 25 años de duración del contrato que cerró el Partido Andalucista con Aquagest (ahora Hidralia). Aquella privatización contó en su día con el voto en contra del PSOE, PP e IU, e incluso hubo una campaña en contra de la decisión del Partido Andalucista, cuya nueva denominación se ha quedado en este mandato fuera del Gobierno Municipal.

De Aquagest a Hidralia

Son dos objetivos los planteados por la Plataforma. Por un lado, la fiscalización del contrato y comenzar con los estudios pertinentes para la municipalización del servicio “en la línea planteada por Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno de España“, apuntan en la nota de prensa remitida a DeLaIsla.ES.

La Plataforma recuerda que durante estos 25 años la empresa Aquagest/Hidralia ha repercutido el porcentaje máximo en la factura del agua (un 3,25%), “cuando se podría haber cobrado el incremento del IPC, que suele rondar el 1,25%”. Señalan, además, que Aquagest pasó a denominarse Hidralia “tras el caso de corrupción (conocido como “caso Pokemon”) en Galicia con 450 imputados” y que “los beneficios económicos de la gestión privada van para una empresa francesa“.

Estos y otros motivos son los que han llevado a la Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla a solicitar la citada reunión para conocer el futuro de este contrato y las intenciones del Gobierno Municipal.

Destacar que la Plataforma ha echado en falta que un asunto tan urgente e importante no haya estado “encima de la mesa para el apoyo a la investidura de Patricia Cavada y para el presupuesto del 2020“, en clara referencia a las medidas planteadas por Podemos para prestar su apoyo de investidura al PSOE.

Con los ex del Partido Andalucista fuera del tablero de juego, no parece haber excusa para, al menos, proceder a la fiscalización de este contrato y esclarecer el posible sobrecoste “que ha supuesto para la ciudad los 25 años de gestión andalucista al frente de la privatización del servicio de abastecimiento de agua“, sentencia la Plataforma.

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