«Se le entrega por segunda vez, pruebas documentales al interventor general municipal, que acredita que no se ejecuta lo proyectado, contratado ejecutado y pagado por los isleños, en dos obras públicas municipales, existiendo serias repercusiones de menoscabo público. Se plantea una comisión de investigación, para determinar el posible universo de obras afectadas y el resto de elementos de ellas.
3R denuncia públicamente, que, por segunda vez en seis meses, se le ha entregado pruebas documentales al interventor general municipal, como responsable máximo en las entidades locales de las inversiones municipales, cómo única persona con capacidad de recepción de las mismas, según hasta dos disposiciones legales.
Se le ha entregado pruebas que acreditan los cambios que se produjeron con posterioridad a la denuncia ante su persona, de lo que venia ocurriendo en una obra pública determinada, que evidentemente no podía ser fruto de ningún cambio de la dirección Facultativa de las obras, donde se corregía las diferencias y donde se prueba que las carencias ya produjeron patologías en esas obras y que evidentemente esas diferencias eran reales.
Que ocurriese por segunda vez, en otra obra pública, ya descartaba hasta las casualidades e inclusive permanecía constante el modus operandi y hasta coincidencia de actores, nos ha llevado no solo pedirle al interventor general que tiene capacidad para ello, de tomar medidas más que serias, sino que a nivel político se debe de abrir una Comisión de Investigación de las obras públicas municipales para determinar el universo de obras que pudieren estar afectas por esta situación, así como el resto de elementos de cada una de ella que igualmente participara en estos diferenciales.»
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