Propuestas de los autónomos a los partidos políticos


¿A qué partido votarían los trabajadores autónomos? Hemos escuchado en infinidad de ocasiones a los políticos deshacerse en elogios hacia estos profesionales, a los que definen como los grandes motores de la economía del país, pero sin embargo no siempre satisfacen sus necesidades. La Federación de Asociaciones de Autónomos ATA lanza una batería de medidas prioritarias para este colectivo con vistas a la presente campaña electoral.

  • En vista del buen resultado de la tarifa plana proponen ampliar los 50 euros de cuota hasta los 12 meses en lugar de los 6 de ahora. Además también desearían que la pudiesen aprovechar los autónomos societarios.
  • En el caso de aquellos trabajadores por cuenta propia que decidan volver a emprender después de sufrir un fracaso empresarial también deberían gozar de esta tarifa plana de 50 euros, así como de todos los incentivos y medidas de apoyo que tienen los que emprenden por primera vez.
  • Rebajar el IVA a aquellos sectores y actividades que vieron como se les subía hasta 13 puntos, entre los que se encuentran gimnasios y peluquerías.
  • Clarificar y revisar los criterios tributarios en lo que se refiere a los gastos deducibles de autónomos persona física, como pueden ser agua, luz, electricidad, etc.
  • Cuando se produzcan altas o bajas a lo largo de un mes, y no a finales del mismo o el día 1, no se debería abonar la cotización mensual completa, sino la prorrateada por días de alta o la mitad del mes.
  • Reclaman que las cotizaciones se adecuasen a los ingresos de cada trimestre. Además, en lugar de realizar los pagos de las mismas mensualmente, invitan a que se realicen cada tres meses previa notificación.
  • Cuando haya casos de recargos por retrasos puntuales proponen que la sanción no sea del 20% y se establezca un sistema progresivo que recogiera la reincidencia. En el caso del primer retraso el recargo sería del 5%, el segundo del 10% y a partir del tercero del 20%.
  • Insisten en la necesidad de acabar con la morosidad hacia este colectivo. Desean que cuando los acreedores sean empresas privadas o administraciones públicas y se retrasen con el pago de las facturas afronten un recargo del 20%.

 

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